Milioni di tonnellate di rifiuti di fosfogesso (“tossici e leggermente radioattivi” secondo il rapporto del Parlamento Europeo) a poca distanza dalle serre di fragole che arrivano sulle nostre tavole. Accade, da tempo, nella provincia di Huelva, una delle zone di maggiore coltivazione al mondo di fragole, ma anche di lamponi, mirtilli, agrumi e ora anche di aloe. Qui, da anni, “cresce” la montagna Fertiberia, oggi alta 30 metri,  una delle discariche di rifiuti urbani industriali forse più grandi al mondo, con anche ceneri radioattive che tengono in allarme la salute degli abitanti.  Da tre anni devono iniziare i lavori di bonifica ma nulla accade, come si  legge nell’articolo de El Pais che sotto riportiamo.

Tiene casi el mismo tamaño que Huelva, la ciudad de 150.000 habitantes que queda a unos pocos centenares de metros, al otro lado de la carretera. Y tiene en muchos rincones, quizá, una extraña belleza marciana. Se la da el polvo blancuzco de las decenas de millones de toneladas de fosfoyesos —un desecho “tóxico y ligeramente radiactivo”, según un informe del Parlamento Europeo— vertidos allí durante décadas hasta formar montañas de 30 metros de altura, el equivalente a un edificio de 10 pisos. Se trata de uno de los vertederos tóxicos más grandes del continente. Un gigantesco símbolo del coste, aceptado por buena parte de la población onubense durante el último medio siglo, del progreso económico que llevó la industria química a una zona tradicionalmente deprimida. Hace tres años debería haberse empezado a limpiar. Así lo ordenó la Audiencia Nacional y lo ratificó el Tribunal Supremo. La sentencia dio finalmente la razón al Ministerio de Medio Ambiente, que en 2003 retiró la concesión del basurero a la empresa de fertilizantes Fertiberia por verter más de lo acordado en el contrato firmado a finales de los sesenta (hasta tres metros de altura), y la obligó a dejar de verter y regenerar la zona. Lo primero lo hizo (ahora compran el ácido fosfórico ya hecho); lo segundo, no.Todos los implicados aseguran que están cumpliendo su papel. El ministerio dice que vigila para que se cumpla la sentencia. Se da la circunstancia de que la titular del departamento, Isabel García Tejerina, fue directora de planificación de Fertiberia entre 2004 y 2012. La Junta de Andalucía, que tiene las competencias medioambientales, asegura que también aprieta: impuso a la compañía una multa de 240.000 euros recientemente por los retrasos en el plan de restauración. La empresa alega que está trabajando en las soluciones tras presentar por fin en abril un proyecto preliminar. “Estamos siendo proactivos”, según el director de la planta de la empresa en Huelva, Roberto Ibáñez, que espera disponer de un plan más detallado en tres meses.

Cuando por fin comiencen, tardarán, como poco, 10 años, con lo cual concluirían en 2024, 13 años después de la sentencia del Supremo, 22 después de que el ministerio les retirara la concesión y 26 desde que arrancara el expediente sancionador. “Yo esto no lo voy a ver. Esto no lo va a arreglar nadie”. José Sánchez Aroca, de 79 años, lleva 55 viviendo en uno de los barrios más pobres de Huelva, el de Pérez Cubillas, a 300 metros de unas montañas tóxicas que los vecinos han visto crecer casi sin reparar en ellas, a pesar de que a veces llega un olor que reconocen perfectamente, mezcla de azufre y de agua podrida. “Aquí tenemos otros problemas”, dice este hombre que cada día reparte entre sus vecinos las raciones de comida que sobran en un centro para mayores.

Con una crisis que tiene a buena parte de sus habitantes en paro (la tasa es del 80%, aseguran), en el barrio son escépticos en general y lo son en particular con el tema de las balsas de fosfoyesos. Comentan con cierto hastío y bastante resignación los informes y contrainformes que hablan de los posibles efectos negativos para la salud del enorme vertedero y de toda la industria química que se instaló en la ciudad y los alrededores en los años sesenta, que aumentó en 10.000 habitantes la ciudad de Huelva solo en la primera década, según explica el alcalde, Pedro Rodríguez. Hoy, a pesar de la crisis, las polémicas y la sentencia del vertedero, sigue dando trabajo de forma directa e indirecta a 8.500 personas, según la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva.

El hecho es que la tasa de cáncer en la provincia, por ejemplo, está muy por encima de la media española, pero ninguna investigación ha conseguido vincularlo claramente con los desechos fabriles. En Pérez Cubillas creen que a nadie le importa, según cuenta José Álvarez, que trabaja en Renfe, justo al lado del vertedero. Los vecinos ven cómo pasan las semanas, los meses, los años… y aquello apenas se mueve. La Audiencia Nacional habló de “injustificadas demoras” en un auto del 27 de mayo con el que daba una especie de golpe en la mesa para hacer cumplir su decisión. Otorgaba a las Administraciones un mes para pronunciarse sobre el proyecto de regeneración presentado en abril por la compañía y, si resultaba correcto, dar los permisos necesarios. A partir de ese momento, el tribunal planeaba decidir qué pasos dar y en qué plazos. Pero admitía la enormidad del asunto, y por eso no ordenaba la ejecución inmediata.

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